Escribe José Castillo

En otro aniversario del golpe genocida de 1976, centenares de miles nos movilizaremos exigiendo Memoria, Verdad y Justicia. Pero este año, más que nunca, la marcha del 24M tiene que servir para unir todas las luchas contra el gobierno ultraderechista de Milei.

Otro 24 y volvemos a marchar. Como tantas veces, como lo venimos haciendo desde hace décadas. Es una marca registrada de nuestro país contra la impunidad. Es lo que permitió que la causa del juicio y castigo a todos los genocidas siga vigente, a pesar de tantos intentos de cerrarla, con el Punto Final, con la Obediencia Debida, con los indultos, con el 2x1 de la Corte Suprema. O ahora, de forma mucho más profunda, con la existencia directamente de un gobierno negacionista de los crímenes de la dictadura. Siempre les ganamos con la fuerza de la movilización. Y ahora volveremos a hacerlo. Porque, como dice la consigna cantada miles de veces: “como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”. Porque es una tarea inconclusa que hay que continuar, hasta que hasta el último genocida quede pudriéndose en una cárcel común, hasta el último niño secuestrado recupere su identidad. Juzgando y castigando a todos los culpables y sus cómplices, militares, civiles, empresarios y eclesiásticos. Por eso, una vez más, se trata de una cita de honor a la que nadie puede faltar.

Milei negacionista
Ya el año pasado, nos encontrábamos con la particularidad de que teníamos que enfrentar a un gobierno negacionista. Ese mismo día pudimos ver horrorizados el video “conmemorativo” del gobierno nacional donde, con la conducción del Juan Bautista “Tata” Yofre (conocido servicio y amigo personal de los genocidas) se justificaba a la dictadura y se negaban sus crímenes. En los meses siguientes, tuvimos la visita de los diputados de La Libertad Avanza al penal de Marcos Paz, donde llegaron a fotografiarse con los genocidas presos. Luego el ataque sobre las instituciones de la ex ESMA, con despidos de trabajadores y cierre del Centro Cultural Haroldo Conti. Ahora, en estos últimos días, la llegada de la mano de Javier Milei a la Corte Suprema de Manuel García Mansilla, ultraderechista, miembro del Opus Dei, anti-derechos y opositor en su momento a la anulación de los indultos. Se trata de un gobierno que avanza en toda la línea contra las políticas de derechos humanos.

Además antiderechos, misógino, homofóbico, racista y hambreador del pueblo
Desde su misma asunción, el gobierno de Milei lanzó un auténtico plan de guerra contra absolutamente todos los derechos conquistados. No dejó nada por atacar: la educación pública, la salud, la ciencia y técnica, los derechos de las mujeres y disidencias, las reivindicaciones de los pueblos originarios, las y los jubilados. Al mismo tiempo que llevaba adelante un feroz plan de ajuste contra el pueblo trabajador.
Este 2025 comenzó saludablemente con dos marchas masivas: la multitudinaria convocatoria antifascista del 1F y la del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. A la que se suman todas y cada una de las luchas parciales. Y la creciente y conmovedora convocatoria de los miércoles de los jubilados y jubiladas que, resistiendo la represión, van ganando cada semana mayor solidaridad y acompañamiento. Como contraposición, cada día aparece más vergonzoso el pacto de la traidora CGT.
Por todo esto, este 24 de Marzo debemos transformar la movilización en un nuevo evento catalizador de todas las luchas, de cada una de las reivindicaciones. Seamos centenares de miles los que hagamos oir bien fuerte el grito de ¡Basta de Milei!

Escribe José Castillo

El plan sistemático de terrorismo de estado llevado adelante por la dictadura genocida tenía un objetivo bien concreto: poner en marcha un programa económico antiobrero, de superexplotación y entrega de nuestro país. Así lo denunció, apenas un año después del golpe, Rodolfo Walsh en su célebre “Carta de un escritor a la Junta Militar”, escrita días antes de que él también cayera en las garras de la dictadura asesina.
Desde el mismo día del golpe, la represión se concentró en las fábricas, desarticulando cuerpos de delegados y comisiones internas, secuestrando y desapareciendo miles de trabajadoras y trabajadores combativos. Se prohibieron las huelgas y toda actividad sindical, mientras los salarios caían en un 40% en los primeros cuatro meses del gobierno.
De la mano de José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de Jorge Rafael Videla, se llevó adelante una política de tierra arrasada donde, bicicleta financiera y apertura económica mediante, quebraron miles de fábricas, dejando un tendal de desocupados. Lo que no impidió que, a partir de 1980, la crisis estallara bajo la forma de un crack financiero con miles de ahorristas que perdieron todo. Escena de época que quedó magistralmente retratada en la película “Plata Dulce, estrenada en 1982.
Pero, sin duda lo más grave del plan de la dictadura, cuya herencia aún perdura, es la generación de la ilegal, inmoral y fraudulenta deuda externa, que lamentablemente aún sufrimos, ya que todos los gobiernos posteriores a 1983 la terminaron reconociendo, pagando y agrandando cual bola de nieve.
Cuando comenzó la dictadura, nuestro país debía escasos 4.000 millones de dólares. Al finalizar ese monto se había incrementado a diez veces más (41.500 millones). ¿Qué había pasado? El gobierno de facto tomó préstamos indiscriminadamente, que utilizó para enriquecer a sus empresarios amigos, para comprar armamento represivo, o para obras faraónicas como la del Mundial ‘78. También para alimentar la bicicleta financiera y sostener artificialmente bajo el dólar, provocando el estallido financiero que relatamos más arriba. La mitad de la deuda tiene este origen. Pero la segunda mitad es más escandalosa todavía: en 1982, el entonces presidente del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo, procedió a “estatizar” la deuda externa privada que habían tomado grandes empresas locales y extranjeras.¡Sí, así como se está leyendo, el Estado argentino se hizo cargo de los préstamos que tomaron grandes grupos locales, como Techint, Pérez Companc o Macri, e incluso multinacionales extranjeras! Peor aún, algunos de estos préstamos, ni siquiera existían, sino que fueron inventados por los bancos acreedores y “reconocidos” como deuda automáticamente por la Argentina.
La deuda externa generada por la dictadura fue un escándalo tan grande que finalmente dio lugar a un fallo, del juez Jorge Ballestero en el año 2000 donde se reconoce el desfalco y su carácter ilegal y fraudulento. El magistrado envió en ese momento sus conclusiones al Congreso para que tome cartas en el asunto. Pasó un cuarto de siglo y todavía duerme en algún cajón.
En un nuevo 24 de marzo, no debemos olvidar todos y cada uno de estos hechos, y el hilo conductor con la realidad presente, de miseria, pobreza y marginación social creciente. Por eso el reclamo de dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI es indisociable de las otras consignas con las que nos movilizamos cada año.

Escribe Adolfo Santos

Este 24 de Marzo estaremos en las calles de todo el país. Vamos a repudiar el golpe, exigir juicio y castigo de todos los responsables y recordar los 30.000 detenidos desaparecidos por la dictadura genocida. De nuestra parte lo haremos especialmente por los más de cien del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecesor de Izquierda Socialista. Fundado en 1972 por la corriente encabezada por Nahuel Moreno. En los siguientes diez años, ese partido dejaría una marca indeleble al ser uno de los protagonistas de las luchas del movimiento obrero y la juventud surgidas después del Cordobazo.
La audacia de la militancia del PST interviniendo en las luchas de fábricas, sindicatos y universidades, fue ganando la simpatía de activistas obreros y juveniles. Esas acciones en asambleas, ocupaciones y huelgas, incomodaban a la burocracia sindical, los empresarios y el propio gobierno peronista que, en 1973, en acuerdo con los partidos patronales pretendía tomar las riendas para, con la vuelta del General Perón, aplicar un “pacto social” que controle el movimiento de masas y permita recomponer el capitalismo en crisis.
En ese escenario, el PST era un baluarte en la organización y lucha antiburocrática y anti patronal. La zona norte del Gran Buenos Aires, se convirtió en un bastión de nuestro partido donde comenzamos a intervenir en metalúrgicos, textiles, gráficos, la industria plástica y de la alimentación, entre otras. Formamos una lista de oposición en la seccional Vicente López de metalúrgicos y estábamos a la cabeza de varias comisiones internas y cuerpos de delegados. No lo podían tolerar. La burocracia sindical y las patronales con la anuencia del gobierno peronista, dieron luz verde para que nos ataquen.
En 1974, pleno gobierno del General Perón, mataron a nuestro primer compañero, Inocencio “Indio” Fernández, obrero antiburocrático de Cormasa, en Tigre. Fue secuestrado camino al trabajo y luego asesinado, tal era el odio de la burocracia contra nuestros compañeros. Ese mismo año se produciría la Masacre de Pacheco, cuando una banda parapolicial invadió nuestro local, donde se organizaba el activismo de la zona, secuestró compañeras y compañeros y fusiló a tres de ellos. En noviembre del 74, otros tres compañeros serían asesinados a sangre fría, entre ellos nuestro dirigente nacional César Robles. En 1975, aún antes del golpe sufrimos la Masacre de La Plata donde ocho militantes del PST fueron torturados y asesinados cuando organizaban la solidaridad a los obreros en lucha de Petroquímica Sudamericana. En todos los casos, los autores se identificaban como la Triple A, una banda de ultraderecha integrada por agentes de los servicios del gobierno y matones de la burocracia sindical.
Con el advenimiento de la dictadura en marzo de 1976, las condiciones empeoraron terriblemente. La eliminación del estado de derecho y una brutal represión inició uno de los períodos más violentos de nuestra historia. En la clandestinidad más absoluta, nuestro partido, al que le quitaron la legalidad, no dejó de militar ni un solo día. En condiciones adversas, continuamos participando de las luchas, ayudando a organizar, de diferentes formas, el movimiento obrero y estudiantil, integrándonos a los organismos de derechos humanos e incluso editando nuestro periódico que distribuíamos con muchas dificultades.
Los años de la dictadura, multiplicaron nuestros detenidos desaparecidos, torturados o enviados al exilio. Organizados, continuamos resistiendo con determinación estos años, al punto que, en 1981 y 1982, en las postrimerías de la dictadura, sufrimos dos atentados más. Alberto Castro fue asesinado en la provincia de San Juan y Ana María Martínez, metalúrgica, embarazada de pocos meses, fue secuestrada y muerta en la zona norte del Gran Buenos Aires. Por eso en cada 24 de marzo no podemos dejar de recordar a los 30.000 detenidos desaparecidos, especialmente a nuestros compañeros del glorioso PST.

Escribe Adolfo Santos

En la noche del domingo 2 de marzo, cuando el carnaval estaba en su apogeo, los brasileños estallaron de alegría festejando el Óscar obtenido por la película “Aún estoy aquí”. El film del reconocido cineasta Walter Salles retrata un crudo episodio de la dictadura militar brasileña, la más longeva que asoló nuestra región. La euforia se justificaba. Si algún reconocimiento le faltaba a la rica y multifacética historia cultural brasileña, era la obtención de un Óscar, y lo logró.
El director de “Estación Central de Brasil” y “Diarios de Motocicleta”, entre otros, nos presenta un momento de la historia reciente durante los “Años de Plomo” como se recuerda el período de la dictadura que se extendió entre 1964 y 1985. Se trata del secuestro y posterior asesinato, en 1971, del ex diputado del Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), ingeniero Rubens Paiva. Acusado de mantener contactos clandestinos y distribuir correspondencia de compatriotas exiliados en el Chile de Salvador Allende, fue llevado de su casa en el barrio de Leblon, Río de Janeiro, a un centro de detención y nunca más apareció.
Hay quienes plantean que la película debió ir más allá y describir las aberraciones y crímenes cometidos durante los 21 años de dictadura. Sin embargo, como toda obra de arte, el film rescata un momento y lo convierte en un símbolo de lo que significó la supresión de las libertades democráticas y una persecución desde el Estado para asesinar, torturar o privar de la libertad a los opositores. En solo 135 minutos, la película induce a cuestionar un régimen dictatorial que sectores políticos, como el bolsonarismo, todavía exaltan y reivindican. Y sobre todo a cuestionar la Ley de Amnistía aprobada por todo el arco político y sancionada por el dictador Joao Baptista Figueiredo en 1979, que eximió de juzgamiento a los militares represores. No hubo ningún gobierno, incluidos los del PT de Luis Ignacio “Lula” da Silva, que propusieran anularla.
Ese es el valor de este film que se centra en la resiliencia de Eunice Paiva, esposa de Rubens, una mujer común, de clase media alta, que durante cinco décadas continuará luchando sin pausa en busca de la verdad y la justicia, y acabará convertida en activista por los derechos indígenas, uno de los sectores más golpeados durante el régimen militar. Con la lupa en ese personaje, interpretado sin estridencia, pero con profundidad por la excelente Fernanda Torres, el director construye una historia desgarradora que retrata una etapa siniestra que la política patronal brasileña intenta disimular.
Pero comienzan a surgir repercusiones. Mientras la película era exhibida en todo Brasil, la Policía Federal desclasificó un informe sobre el intento de golpe protagonizado en 2022/23 contra el nuevo gobierno de Lula por parte de militares orientados por el derrotado ultraderechista y ex capitán del ejército Jair Bolsonaro. Varios de los que promovieron esa intentona están presos, entre ellos el vice del ultraderechista, general Braga Neto. La repercusión del film a nivel mundial, debe significar más presión para avanzar en esos procesamientos.
El fin de la dictadura brasileña se produjo mediante una transición negociada entre el viejo régimen, los partidos políticos patronales y los grandes empresarios. Por eso los militares continúan gozando de sus privilegios, aún los responsables del asesinato de Rubens Paiva. “Aún estoy aquí”, no es una proclama que llama a la rebelión, sin embargo, es un punto de apoyo para cuestionar la dictadura brasileña, la Ley de Amnistía y recuperar la Memoria, sobre todo de las nuevas generaciones, para juzgar a los represores responsables de crímenes de lesa humanidad y a sus émulos bolsonaristas.

Escribe Diego Martínez

Tras el espantoso asesinato de Kim, la niña de siete años de La Plata, Milei y Bullrich como parte de la campaña electoral vuelven reflotar un proyecto legislativo presentado el año pasado, que consiste en bajar la edad de imputabilidad penal a trece años de edad, algo que ningún organismo internacional sugiere. Nada extraño del ultraderechista Milei que llegó a plantear que habría que bajar la edad a los ¡diez años de edad! mientras las infancias caen todos los días en la pobreza. La inseguridad es un problema que se agrava día a día y afecta particularmente a la clase trabajadora y los jóvenes de los barrios populares. Agarrándose de este flagelo y siempre que hay elecciones, todos los gobiernos utilizan como un caballito de batalla que con la baja de imputabilidad bajarán los índices de  inseguridad, como lo hicieron años anteriores los gobiernos de Macri y Cristina.
Pero esto es una gran mentira. La participación de los menores en delitos es infinitamente inferior a la de los mayores de edad. En 2023 en  la provincia de Buenos Aires, sólo el 2,2% de los delitos fue cometido por menores. En el primer semestre de 2024, según la base general de datos de la Corte Suprema de la Nación, 907 niños y adolescentes enfrentaron causas penales, el 84% de ellos por robos y hurtos, y solo cinco de ellos por homicidios, tres por tentativa y solo dos por hechos consumados. Por eso decimos, que es una ley para criminalizar a las y los menores, no para bajar la inseguridad.
El proyecto de Milei y Bullrich, que cuenta con el apoyo del PRO, la UCR y algunos sectores del peronismo, intenta engañar a los millones de trabajadoras y trabajadores que con justa razón están preocupados por la cuestión de la inseguridad, para hacer alharaca de una ley que  tal como está demostrado en los países donde se aplicó no soluciona el problema porque no ataca las raíces del mismo.
Los delitos juveniles en su gran mayoría están organizados por adultos. Una gran parte  de ellos están asociados al consumo problemático de drogas. Miles de jóvenes son utilizados para robar o como “soldados” por las bandas narcos amparadas por la policía, la misma que está involucrada en la desaparición de Loan.  Estas poderosas bandas criminales cuentan además con la protección de la justicia. Tal es así que el propio ministro de Justicia Cúneo Libarona, que hoy promueve esta ley, fue defensor de algunos de los principales jefes narcos del país.
Con una pobreza infantil del 62,9 % y  jóvenes  que no tienen ninguna perspectiva de futuro, el consumo crece y las bandas delictivas ganan terreno ante el abandono del gobierno en los barrios, lo cual debilita todo tipo de contención. Se desfinancia la educación, se recorta presupuesto en deporte y cultura y hace pocos días Milei despidió 2.000 trabajadores de la secretaría de Niñez. ¡Todo lo contrario a lo que debería hacerse!
Es fundamental combatir la inseguridad, pero las respuestas represivas, la “mano dura”, solo es más criminalización y no resuelven sino empeoran el problema. Para combatir la inseguridad se necesita terminar con las mafias que las organizan al amparo del poder político, judicial y policial. Y  terminar con el plan motosierra de Milei y el FMI, caldo de cultivo de la violencia.
Con esta perspectiva nuestra diputada nacional Mónica Schlotthauer junto al bloque de diputados del FIT Unidad vamos a rechazar el proyecto de Milei que busca criminalizar a la juventud y fortalecer el aparato represivo, sin solucionar de fondo el problema de la inseguridad. Llamamos a las trabajadoras y trabajadores a hacer lo mismo en las calles.